Grabación de Reuniones con los Representantes de los Trabajadores | Alberto Madame

Grabación de Reuniones con los Representantes de los Trabajadores

Parece claro que si nos sentamos en una mesa de negociación con una grabadora encendida, el diálogo no se va a desarrollar con la misma libertad que si la discusión es “off the record”. Si es una sola de las partes la que insiste en grabar la reunión, se resentirá también el clima de confianza en el que la negociación podría haberse desarrollado y si además la grabación se produce sin conocimiento de contraparte, podría pensarse que nos encontramos en un caso de mala fe negociadora.

Esto es lo que se plantea en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 7 de mayo de 2014, en la que los representantes de los trabajadores grabaron, sin conocimiento de la empresa, las reuniones de negociación de un convenio colectivo. La sentencia entiende en primer lugar que estas grabaciones son perfectamente legales para su uso como prueba en juicio, dado que pese a haber sido hechas sin conocimiento de la persona grabada, lo fueron por el interlocutor, de forma que no constituyen ilícito alguno, sino válida prueba de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional a la que ya hicimos referencia en el post Despedida por Whatsapp.

Se plantean también en la sentencia otras dos cuestiones interesantes. La primera es si el mero hecho de grabar las negociaciones sin conocimiento de la contraparte, puede suponer un quebranto de las obligaciones de buena fe que deben presidir toda negociación y respecto de este extremo el tribunal entiende que “la propia legalidad del medio de prueba hace que este reproche pueda ser obviado”.

La segunda es si determinadas expresiones utilizadas por la empresa durante la negociación podrían ser consideradas como amenazantes o vulneradoras de la obligación de buena fe negocial. A este respecto la sentencia entiende que si las advertencias realizadas por el empresario durante la negociación consisten en el ejercicio de acciones por los cauces legalmente establecidos (Ej. Reducir salarios para adaptarlos al mercado) no cabe entender las mismas como amenazantes o contrarias a la buena fe. Igualmente recuerda la necesidad de contextualizar las declaraciones de la empresa en el marco de una dilatada negociación donde la empresa ha tenido la oportunidad de exponer las razones que justifican sus decisiones y en un clima de tensión donde las representaciones sindicales destacan por sus actitudes belicosas.

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